jueves, 28 de enero de 2010

Antes de la regulación de la Laguna de Parón, la comunidad Cruz de Mayo pide que ésta vuelva a manos del estado.


Ante esta condicion impuesta por la comunidad Cruz de Mayo, según nota de prensa 018-2010 del Municipio caracino, el Alcalde de Caraz, Fidel Broncano Vasquez viene gestionando la restitución a favor del Estado de las 540 hectáreas de terreno, inscrita en los Registros Públicos a nombre de la transnacional Duke Energy, en la que se encuentra la Laguna de Parón.

Dicha Laguna , recientemente ha sido declarado en emergencia con Decreto Supremo Nº 13-2010 de fecha 21 de Enero por haber sobrepasado el nivel de 4,185 m.s.n.m., sin embargo, la comunidad espera que se den las condiciones favorables para que se proceda a bajar el nivel del agua, medida que permitirá prevenir un desastre, según los técnicos.

Lamentable, que la información se manejen con poca seriedad, ya que el Alcalde de Caraz en su condición de Presidente de Defensa Civil declaró que no había ningún peligro y ahora nos habla hasta de un posible riesgo si no se baja el nivel de agua, las autoridades deberían informarse bien antes de brindar información contradictoria. Aqui la prueba emitida en la web de la propia Municipalidad: www.municaraz.gob.com en donde aparece la siguiente información, tras el sismo ocurrido recientemenete,

ALCALDE CARACINO SOSTIENE QUE LAGUNA PARÓN NO REPRESENTA NINGÚN PELIGRO Y VIENE SIENDO MONITOREADA PERMANENTEME

Invitamos al alcalde a través de este medio a explicar estas contradicciones, para una mejor comprensión de nuestros lectores y la población de Caraz.

Defensoría del vecino de Ica, alerta

ICATOM S.A., INUNDA LA CIUDAD DE ICA CON PARTÍCULAS DE HOLLÍN CANCERÍGENAS, OLORES FÉTIDOS, RUIDOS MOLESTOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, Y LAS AUTORIDADES? …. BIEN GRACIAS

VER VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=jEgMKcgVrus

PRONUNCIAMIENTO, SIN LIBERTAD DE INFORMACION Y DE CRITICA NO HAY DEMOCRACIA

Ante hechos que lesionan el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país -derecho cautelado por la Constitución Política del Estado y por los tratados internacionales suscritos por el Perú-, y que se han materializado con la cancelación de las licencias de transmisión de diferentes emisoras de radio y televisión, como es el caso de Canal 8 de Radio Oriente, en Yurimaguas, y Radio La Voz, de Bagua, en Amazonas, utilizando para ello argucias de carácter administrativo que carecen de sustento legal y técnico, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, se ve en el imperioso deber de exigir al Poder Ejecutivo la rectificación de tales medidas, al mismo tiempo que alerta a la opinión pública nacional e internacional, que esta política de silenciamiento a los medios de comunicación, hace temer que se profundice en los próximos meses, dada la situación política que atraviesa el país.


No escapa al conocimiento de la ciudadanía que esta equivocada política se radicaliza con el tiempo, tomando en cuenta que anteriormente se hizo lo mismo con radio y televisión Orión, en Pisco, radio Ancash, Miramar y Armonía en el departamento de Ancash.


La exigencia gremial de la ANP se fundamenta en la necesidad de hacerle comprender al Poder Ejecutivo que si se quiere garantizar efectivamente –y en el terreno de los hechos- la libertad de expresión, no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población.


Tales son las demandas del pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Ello es así, en razón que sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios.


No es posible que en un país como el nuestro se pretenda imponer las políticas de censura a la libertad de expresión, que están aplicando prepotentemente otros gobiernos de la región. La ANP levanta su voz para subrayar el rol que desempeña la libertad de prensa en una sociedad democrática. En efecto, si bien se encuentra frente a ciertos límites (tales como la protección de la seguridad nacional o la integridad territorial), es evidente que la misma debe impartir información e ideas en todo asunto de interés público, incluso en los que pueden generar polémica. Y esta tarea de impartir información o ideas se correlaciona con el derecho de los individuos de recibirlas.


Sólo en un régimen en que la libertad de prensa no se vea coartada, es que se podrá hablar de su efectivo reconocimiento. Si no se permite la crítica (incluso acérrima) en contra de los funcionarios públicos, simplemente no existe juego democrático; toda vez que sólo el desenvolvimiento de una prensa libre y sin presiones puede garantizar que sean llevados a debate todos los asuntos de trascendencia para la sociedad.


Asociación Nacional de Periodistas del Perú