El 21 de
mayo de 2013, en la provincia de Huaraz, la jueza Rosana Luna León, titular del
Primer Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Ancash, condenó a dos
años de prisión suspendida al periodista Alcides Peñaranda Oropeza, director
del diario y la revista Integración, en la querella criminal que le interpuso
el presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, por
supuesto delito de difamación.
La
autoridad jurisdiccional, cuestionada por medios locales por su reciente
nombramiento, tras ser descalificada en una primera evaluación, le ordena al
periodista cumplir reglas de conducta y un pago de 10 mil nuevos soles por
concepto de reparación civil en favor de la autoridad.
La
defensa del periodista, interpuso recurso de apelación por considerar el fallo
contrario a Derecho, pues los hechos que menciona la autoridad como supuesto
daño a su honor no han sido probados como tal, ni la autoridad jurisdiccional
sometió la controversia a una debida ponderación entre la libertad de expresión
y el derecho al honor tratándose de funcionarios públicos, tal como manda el
ACUERDO PLENARIO N° 3-2006/CJ-116. Por tanto, al no existir motivación en la
sentencia se vulneró un principio legal y la garantía del supuesto condenado.
El
Presidente del Gobierno Regional de Ancash, luego que el diario Integración
cumpliera con informar a la opinión pública sobre la existencia de supuestos
hechos de corrupción que involucrarían su gestión, demandó al periodista
acusándole de lesionar su honor y buen nombre ya que –según refiere- es una
autoridad ejemplar.
En las
publicaciones, se hacen críticas y se opina estrictamente sobre la función
pública de la autoridad y no sobre su conducta privada. Además, se difundió
información publicada en el semanario Hildebrandt en sus Trece, en relación a
una supuesta protección del Ministerio Público local a la autoridad. Por esta y
otras publicaciones el director de ese medio, César Hildebrandt y la reportera
Melissa Pérez, también fueron querellados por la autoridad.
En este
caso, el 25 de abril del presente, la Jueza del 25° Juzgado Penal de Lima,
Fernanda Ayasta Nassif, emitió sentencia absolutoria para los periodistas.
Entre otros fundamentos, se tomó en cuenta que “…la protección del afectado se
relativizará cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos
o de relevancia pública, quienes en aras del interés general en juego, deben
soportar ciertos riesgos a que sus derechos subjetivos resulten afectados por
expresiones o informaciones de ese calibre –más aún si esas expresiones
importan una crítica política, en tanto éstas se perciben como de los derechos
de participación política.”
Por otro
parte, el 13 de mayo, al finalizar una sesión de audiencia en el caso de
Peñaranda Oropeza, la periodista Yolanda Quito Camones, gerente del diario
Integración fue golpeada por un grupo de personas allegadas al presidente
regional. Minutos antes Wilson Vásquez, conductor del vehículo oficial que
transporta a la autoridad intentó atropellarla. ANP.
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