La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, expresa, una vez más, su preocupación, malestar y enérgica protesta por la actuación equivocada de efectivos de la Policía Nacional del Perú, así como de sujetos civiles, infiltrados entre los manifestantes durante las protestas que se vienen dando en la ciudad de Cajamarca, los mismos que han hecho de la agresión alevosa un medio prepotente para tratar de silenciar a los periodistas, que se encuentran en esa localidad cumpliendo con su deber de comunicadores sociales.
Lo ocurrido el reciente 26 del actual, cuando un grupo de desconocidos atacó a los trabajadores y luego dañaron las antenas de Canal N y la unidad móvil de Canal ATV, constituye una demostración de la conducta demencial de elementos al margen de la ley, que cumplen consignas para evitar que la ciudadanía tome conocimiento de aquellos sucesos que son de interés público.
De la misma manera lo acontecido el pasado 14 de junio, en la Plaza La Recoleta de Cajamarca, cuando personal uniformado y armado agredió físicamente y dañó los equipos de filmación de los periodistas Alejandro Huamán Aguirre, Edwin Lozano Hernández y Karina Aliaga, es otra prueba más de una situación que se va agravando, debido a la intervención de funcionarios que deben estar al servicio de la sociedad y que están en el deber de respetar el derecho a la información de los ciudadanos, tal como ocurre en toda colectividad civilizada.
El despojo de material informativo y equipos técnicos, pero sobre todo la violencia inusitada con que se ataca a los periodistas, constituyen la violación de los derechos más fundamentales de la sociedad y, por lo tanto, demanda la inmediata intervención del jefe del Estado, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para poner coto a hechos que son una vergüenza para el país.
En tal sentido, la ANP hace una invocación al Poder Ejecutivo para que actúe dentro de las facultades que le permite la ley y de ninguna manera permitiendo que el personal a su cargo ataque a los periodistas con evidente premeditación y amparados por órdenes que es posible que emanen de las autoridades superiores. Igualmente le hace recordar a los funcionarios del Ministerio del Interior que todo esfuerzo de diálogo no podrá encaminarse en forma racional, cuando existen elementos que hacen de la violencia el instrumento para acallar a la prensa independiente.
Lima, 27 de junio de 2012
Roberto Mejía Alarcón
Presidente
Zuliana Lainez Otero
Secretaria General
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